Art primero

art primero

Adicionado, recorriéndose en su orden los subsecuentes mediante decreto publicado el 26 de mayo de El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos.

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso.

Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;.

Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Reformado mediante decreto publicado el 10 de junio de Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: Reformada mediante decreto publicado el 29 de enero de Reformada mediante decreto publicado el 22 de mayo de III.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: Reformada mediante decreto publicado el 29 de enero de IX. Adicionado mediante decreto publicado el 13 de octubre de Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Reformado mediante decreto publicado el 8 de febrero de Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Adicionado mediante decreto publicado el 8 de febrero de Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Adicionado mediante decreto publicado el 17 de junio de Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Reformado mediante decreto publicado el 12 de octubre de Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Adicionado mediante decreto publicado el 30 de abril de Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Adicionado mediante decreto publicado el 11 de junio de Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Reformada mediante decreto publicado el 7 de febrero de I. Reformada mediante decreto publicado el 7 de febrero de IV. Reformada mediante decreto publicado el 7 de febrero de V. Adicionada mediante decreto publicado el 7 de febrero de VIII. Adicionado mediante decreto publicado el 11 de junio de B.

En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: Reformado mediante decreto publicado el 11 de junio de Artículo 7o.

Reformado mediante decreto publicado el 15 de agosto de Adicionado mediante decreto publicado el 10 de junio de Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Reformado mediante decreto publicado el 10 de junio de Artículo Reformado mediante decreto publicado el 18 de junio de Artículo De los principios generales: De los derechos de toda persona imputada: A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II.

Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. De los derechos de la víctima o del ofendido: Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV.

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Adicionado mediante decreto publicado el 10 de febrero de C. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. Reformado mediante decreto publicado el 29 de enero de No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso.

Adicionado mediante decreto publicado el 11 de junio de El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Adicionado mediante decreto publicado el 11 de junio de Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; II. Ser mayor de treinta y cinco años; III. Poseer título profesional; V. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo; Reformada mediante decreto publicado el 29 de enero de Reformada mediante decreto publicado el 10 de febrero de VII.

Adicionado mediante decreto publicado el 11 de junio de Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables. Adicionado mediante decreto publicado el 10 de junio de La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

This article addresses the extent, meaning and implications of the recent amendment to the Article 1 of the Constitution in the field of human rights. At the end it stresses the importance of incorporating human rights language to the Constitution and specifically recognizes the validity of human rights from international sources. In this regard, it argues that with the amendment, the international laws that establish human rights in which the Mexican State is a party to, will be incorporated into the block of constitutionality limits, according to which no power can restrict or suspend, except in cases of emergency and the conditions established in the Constitution.

Human rights, constitutionality block, principle pro-personae, interpretation and control of the conventionality. Lenguaje de los derechos humanos e importancia de la reforma.

Jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos. Principio de interpretación conforme. Obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos y principios aplicables. Debemos darle la bienvenida a la reforma constitucional. Con independencia de las demoras y, desde diversas perspectivas, ciertas insuficiencias o incluso reiteraciones o inconvenientes de los que pudiera adolecer, el balance de su contenido es pertinente y recoge la mayoría de las aportaciones formuladas por diversas organizaciones de la sociedad civil y académicos comprometidos con la causa de los derechos humanos.

En todo caso, se estima que habría suficiente sustento constitucional para expedir también la que se podría denominar ley para la ejecución de sentencias internacionales, con el objeto de establecer los mecanismos para asumir cabalmente los compromisos que, en ejercicio de su soberanía, el Estado mexicano ha adquirido con la comunidad internacional y, en particular, por lo que se refiere al sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, con los Estados parte de la Organización de Estados Americanos.

Aun cuando es claro que a la misma conclusión se habría podido llegar a través de una eventual interpretación garantista por parte de los órganos jurídico-aplicadores, el que con dicha modificación ya no se deje margen a una interpretación distinta cabe considerarlo afortunado.

Al respecto, se hace explícito el bloque de protección de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano. Lo anterior encuentra sustento, entre otros argumentos, en el principio de que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas las autoridades frente a la comunidad internacional, por lo que en esta materia no existe limitación de competencias entre la Federación y las entidades federativas.

Cabe destacar que, incluso con el marco constitucional precedente, algunos tribunales colegiados de circuito llegaron a interpretar que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen un nivel equivalente al de la Constitución. FIX-ZAMUDIO afirma, con razón, que la interpretación conforme es un instrumento que se aplica constantemente por tribunales, cortes y salas constitucionales "aun cuando esta aplicación no sea consciente por parte de dichos juzgadores".

De hecho, cabe mencionar que diversos tribunales colegiados de circuito acuciosos y con vocación garantista, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde su conformación anterior, con base en el orden jurídico entonces en vigor, llegaron a sustentar diversas interpretaciones de conformidad no sólo con la Constitución sino, incluso, con tratados internacionales suscritos y ratificados por México que consagran derechos humanos.

Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.

En efecto, a través del principio de interpretación conforme se abre la posibilidad explícita de que el órgano jurisdiccional analice las diversas normas del orden jurídico nacional a la luz no sólo de la Constitución, sino de las normas de derechos humanos consagradas en los tratados internacionales de los que México sea parte.

En realidad, cabe tener presente que al reconocerse los derechos humanos de fuente internacional desde el texto previamente en vigor, dicho principio pro personae debía estimarse vigente y aplicable en el orden jurídico mexicano, como lo habían sostenido desde antes diversos tribunales colegiados de circuito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como algunos ministros.

Desde la perspectiva interamericana, es en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos donde se considera consagrado el principio pro homine o pro personae , 12 el cual es "un criterio hermenéutico [ Este mandato hacia todas las autoridades abarca las obligaciones generales de un Estado de acuerdo con el derecho internacional y constituye un punto de apoyo para el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales.

Así, por ejemplo, los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente consistentes en expectativas negativas de no interferencia como, por ejemplo, el derecho de libertad de expresión establecen "límites", es decir, prohibiciones de afectación, cuya violación produce contradicciones normativas; igualmente, los derechos fundamentales consistentes en expectativas positivas como los derechos sociales imponen "vínculos", esto es, obligaciones prestacionales, cuya inobservancia acarrea lagunas.

De acuerdo con FERRAJOLI, "ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social".

La inclusión de estos principios resulta conveniente para superar aquella concepción y constituir un criterio de orientación para la protección y defensa efectiva de los derechos humanos en su totalidad y de manera indiscriminada.

... Artículo 1. La constitución política de Colombia de en Línea. Lee los artículos e imprimelos de forma fácil y gratis. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las. 1. BASES DE LA PROMOCION “WINE ART”. PRIMERO.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCION. La presente promoción se organiza por la entidad. Masaje tantrico anal muchas putas com

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La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;.

A declarar o a guardar silencio. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;.

Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;. Que se le repare el daño. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Adicionado, recorriéndose en su orden los subsecuentes mediante decreto publicado el 26 de mayo de El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos.

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;. Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Reformado mediante decreto publicado el 10 de junio de Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: Reformada mediante decreto publicado el 29 de enero de Reformada mediante decreto publicado el 22 de mayo de III.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: Reformada mediante decreto publicado el 29 de enero de IX. Adicionado mediante decreto publicado el 13 de octubre de Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Reformado mediante decreto publicado el 8 de febrero de Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Adicionado mediante decreto publicado el 8 de febrero de Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Adicionado mediante decreto publicado el 17 de junio de Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.

Reformado mediante decreto publicado el 12 de octubre de Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Adicionado mediante decreto publicado el 30 de abril de Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Adicionado mediante decreto publicado el 11 de junio de Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Reformada mediante decreto publicado el 7 de febrero de I. Reformada mediante decreto publicado el 7 de febrero de IV. Reformada mediante decreto publicado el 7 de febrero de V. Adicionada mediante decreto publicado el 7 de febrero de VIII.

Adicionado mediante decreto publicado el 11 de junio de B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: Reformado mediante decreto publicado el 11 de junio de Artículo 7o. Reformado mediante decreto publicado el 15 de agosto de Adicionado mediante decreto publicado el 10 de junio de Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo.

Reformado mediante decreto publicado el 10 de junio de Artículo Reformado mediante decreto publicado el 18 de junio de Artículo De los principios generales: De los derechos de toda persona imputada: A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. De los derechos de la víctima o del ofendido: Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II.

Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Así, por ejemplo, los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente consistentes en expectativas negativas de no interferencia como, por ejemplo, el derecho de libertad de expresión establecen "límites", es decir, prohibiciones de afectación, cuya violación produce contradicciones normativas; igualmente, los derechos fundamentales consistentes en expectativas positivas como los derechos sociales imponen "vínculos", esto es, obligaciones prestacionales, cuya inobservancia acarrea lagunas.

De acuerdo con FERRAJOLI, "ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social". La inclusión de estos principios resulta conveniente para superar aquella concepción y constituir un criterio de orientación para la protección y defensa efectiva de los derechos humanos en su totalidad y de manera indiscriminada. Esta disposición también recoge textualmente las obligaciones internacionales adquiridas por México y constituye un arma explícita en los tribunales para hacer valer el deber de reparación.

Es claro que cualquier desacato o demora en el cumplimiento constituye una persistente violación no sólo a los derechos humanos involucrados sino a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México.

Aun cuando la reforma constitucional que se comenta sea omisa sobre el particular, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en diversas oportunidades la pertinencia de un control de la convencionalidad por parte de los jueces nacionales. En efecto, de acuerdo con la Corte Interamericana, "[e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas".

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de " control de convencionalidad " entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tal prescripción ha propiciado que diversos organismos de justicia constitucional de América Latina no sólo reconozcan como obligatoria la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos sino la pertinencia de ejercer un control de la convencionalidad respecto de leyes que no se ajusten a la misma.

México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 12 de julio de , también estableció la pertinencia de un control difuso de la convencionalidad por parte de todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país. En muchas ocasiones se observaba cierta reticencia por parte de jueces para la inclusión de tratados internacionales como fundamento de sus sentencias. Derecho constitucional para el siglo XXI. Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa ley fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Tribunales y justicia constitucional. El principio de interpretación conforme y la producción de sentencias interpretativasen México , tesis profesional, ITAM, México, , p.

Abstract This article addresses the extent, meaning and implications of the recent amendment to the Article 1 of the Constitution in the field of human rights. Lenguaje de los derechos humanos e importancia de la reforma 2. Jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos 4. Principio de interpretación conforme 5.

Principio pro personae 6. Obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos y principios aplicables 7. Control de la convencionalidad 8. Jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos Al respecto, se hace explícito el bloque de protección de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano. Control de la convencionalidad Aun cuando la reforma constitucional que se comenta sea omisa sobre el particular, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en diversas oportunidades la pertinencia de un control de la convencionalidad por parte de los jueces nacionales.